• Agroecología, cooperativismo, mercados solidarios y gestión comunitaria del agua estarán en el centro de las discusiones sobre modelos económicos basados en trabajo digno y soberanía alimentaria.

Bogotá, 16 de febrero de 2026

En un momento en que el debate global sobre tierra y desarrollo rural gana protagonismo, el Caribe colombiano se prepara para recibir uno de los espacios que buscan trasladar la discusión económica internacional al terreno de las experiencias comunitarias. Entre el 21 y el 23 de febrero, Cartagena de Indias será sede de ECOOVIDA 2026 —el Encuentro Internacional de Economías para la Vida—, que reunirá organizaciones sociales, academia, instituciones públicas y redes internacionales.

Las sesiones centrales se desarrollarán en el Centro Agroempresarial y Minero del SENA Regional Bolívar, en el sector de Ternera, mientras que la Feria de Economías para la Vida tendrá lugar en la plaza principal de Turbaco. El diseño del encuentro busca conectar el debate técnico con prácticas productivas y comunitarias, ampliando la participación más allá de los espacios institucionales.

Organizado por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, el encuentro se plantea como una plataforma para visibilizar experiencias económicas construidas desde los territorios. Su director, Mauricio Amaya, señaló que la apuesta es “poner en diálogo iniciativas locales con escenarios internacionales para fortalecer políticas que reconozcan el trabajo digno y la soberanía alimentaria como ejes del desarrollo”.

La convocatoria coincide con un momento clave para Colombia, anfitriona de la Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural (ICARRD+20), donde se discutirán temas como gobernanza de la tierra y sistemas alimentarios. En ese contexto, ECOOVIDA se proyecta como antesala social y territorial, incorporando propuestas de comunidades campesinas, organizaciones solidarias y redes étnicas a una agenda internacional más amplia.

El proceso que dio origen al encuentro comenzó en 2024 con la firma del Pacto Internacional de Economías para la Vida. A diferencia de foros centrados en indicadores macroeconómicos, ECOOVIDA sitúa la discusión en prácticas existentes tanto en zonas rurales como urbanas: producción agroecológica, circuitos de comercialización directa, asociatividad productiva y gestión comunitaria de bienes comunes como el agua y la tierra.

Este enfoque surge en un escenario global marcado por tensiones sobre el uso del territorio, desigualdad y desafíos en el acceso a alimentos. Desde la perspectiva de Mauricio Amaya, el interés no se limita a cuestionar modelos económicos dominantes, sino a identificar alternativas aplicables a la formulación de políticas públicas en inclusión productiva y economía solidaria.

Delegaciones de América Latina y Europa participarán en intercambios sobre cooperación económica y gobernanza rural, lo que abre la posibilidad de proyectar experiencias locales en escenarios regionales. Aun así, la efectividad de este tipo de encuentros suele generar interrogantes sobre su impacto real. Sus organizadores sostienen que el alcance deberá medirse en resultados concretos —como la Declaración ECOOVIDA 2026— y en las alianzas que se consoliden tras el evento.

Más allá de su agenda inmediata, el encuentro plantea una pregunta de fondo: quién define la economía y desde qué experiencias se construye. En Cartagena y Turbaco, la apuesta será que esa conversación parta de prácticas cotidianas de comunidades y organizaciones que sostienen la producción, el abastecimiento y la vida en los territorios.

Durante buena parte de la historia reciente, el salario mínimo en Colombia fue tratado como una variable secundaria, ajustada con cautela para no incomodar a los grandes intereses económicos, aun cuando millones de trabajadores veían deteriorarse su calidad de vida. En ese mismo período, sectores fundamentales para el país como la salud, el servicio militar y el cuidado comunitario fueron sostenidos sobre esquemas de precariedad que se normalizaron desde el poder.

Ese panorama comenzó a cambiar de manera estructural durante el mandato del presidente Gustavo Petro , cuando el salario mínimo dejó de entenderse solo como un indicador económico y comenzó a asumirse como un salario vital , es decir, como un piso mínimo para vivir con dignidad.

Los incrementos del salario mínimo durante el actual gobierno marcaron una diferencia clara frente a los gobiernos de derecha anteriores. Mientras en administraciones pasadas los aumentos se mantuvieron moderados y, en muchos casos, por debajo del impacto real del costo de vida, en los últimos años se impulsaron ajustes que buscaron recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores formales.

Este enfoque no solo beneficia a quienes devengan el salario mínimo, sino también a millones de personas cuyos ingresos, pensiones y transferencias están atadas a ese valor. El mensaje político fue claro: trabajar debe alcanzar para vivir, no apenas para sobrevivir.

Salud: el fin del trabajo gratuito

Uno de los cambios más significativos se dio en el sector salud. Por primera vez en la historia del país, los estudiantes internos de medicina comenzaron a recibir una remuneración equivalente a un salario mínimo, junto con seguridad social. Durante décadas, estos jóvenes cumplieron jornadas extenuantes en hospitales sin recibir ningún reconocimiento económico, una práctica tolerada y sostenida por gobiernos anteriores.

El reconocimiento del internado como trabajo en formación no solo corrigió una injusticia histórica, sino que envió un mensaje de fondo: cuidar la vida también es trabajo y merece dignidad.

Soldados y madres comunitarias: reconocer lo esencial

Un avance similar ocurrió con los jóvenes que prestan el servicio militar obligatorio . En gobiernos anteriores, su remuneración era simbólica y claramente insuficiente. Hoy, en 2026, los soldados reciben el 100% del salario mínimo , un cambio profundo frente al pasado reciente y una señal de respeto hacia quienes sirven en el país.

Las madres comunitarias , responsables del cuidado de la primera infancia en millares de barrios y veredas, también han sido incluidas de manera más decidida en políticas de reconocimiento laboral. Durante años fueron invisibilizadas bajo la idea de que su trabajo era vocacional; hoy se avanza hacia condiciones más justas y acordes con la importancia de su trabajo.

Colombia frente a América Latina

Este viraje social también se refleja en el plano regional. Durante los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez , Colombia se ubicaba en los rangos bajos o medios del salario mínimo en América Latina cuando se medía en dólares, lejos de los países con mejores ingresos básicos para sus trabajadores.

Con el salario mínimo vigente en 2026, Colombia se sitúa entre los cinco países con mayor salario mínimo de la región , superando a varias economías latinoamericanas y quedando por encima del promedio regional. Este ascenso en el ranking no es menor: evidencia una decisión política de priorizar el ingreso de las mayorías en un continente marcado por la desigualdad.

Mientras estos cambios han tomado forma en el mandato del gobierno Gustavo Petro, la oposición de derecha no ha logrado construir una alternativa social clara. En lugar de presentar propuestas en materia laboral, salud o cuidado, ha optado por la descalificación y la difamación contra la izquierda, sin responder a una pregunta central: ¿por qué durante sus gobiernos el trabajo esencial fue mal remunerado o directamente no remunerado?

En este contexto, el respaldo ciudadano a figuras como Iván Cepeda Castro candidato a la presidencia de la república de Colombia (2026- 2030) y quien representanta la izquierda en Colombia, es quien lidera encuestas frente a los candidatos de la derecha, refleja algo más profundo que una coyuntura electoral. Representa la posibilidad de dar continuidad a un proyecto político que puso la dignidad en el centro , frente a modelos que ya demostraron que no gobiernan para el pueblo si no para intereses mezquinos de nación..

Colombia atraviesa un momento de definición. El país que hoy se mira en el espejo regional ya no es el mismo que aceptaba la precariedad como destino. Es un país que ha comenzado a despertar en dignidad y soberanía , y que debate si avanzar en ese camino o retroceder a un pasado que dejó demasiadas deudas sociales.