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Salario mínimo de 2 millones: la apuesta de Colombia frente a América Latina

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La decisión del presidente Gustavo Petro de decretar un salario mínimo de 2 millones de pesos mensuales, incluido el auxilio de transporte, marca un punto de inflexión en la política laboral colombiana. El incremento, cercano al 24 %, no solo representa uno de los mayores aumentos porcentuales en la historia reciente del país, sino que posiciona a Colombia entre las naciones con salarios mínimos más altos de América Latina, superando a varias economías de la región.

Convertido a dólares, el salario mínimo colombiano ronda los 530 dólares mensuales, una cifra que ubica al país en el quinto lugar regional, por debajo de Costa Rica, México, Uruguay y Chile, pero por encima de Ecuador, Guatemala, Bolivia, Perú, Brasil y Argentina. En términos nominales, Colombia se acerca así a países con mayores niveles de ingreso y desarrollo económico.

Sin embargo, el debate va más allá del ranking.

Un aumento con objetivos sociales claros

Desde el Gobierno, el incremento ha sido presentado como un paso hacia un “salario vital”, capaz de cubrir las necesidades básicas de los trabajadores y reducir la desigualdad. El Ejecutivo sostiene que mejorar el ingreso de los hogares de menores recursos fortalece el consumo interno, dinamiza la economía y corrige rezagos históricos en el poder adquisitivo del salario mínimo.

En un país donde una parte significativa de los trabajadores percibe ingresos cercanos al mínimo, el aumento representa un salto inmediato en el ingreso nominal de millones de personas, especialmente en sectores urbanos formales.

Las advertencias de los expertos

No obstante, economistas y centros de análisis han llamado a la cautela. Una de las principales preocupaciones es la desconexión entre el aumento salarial y la productividad laboral, que en Colombia ha crecido de manera lenta durante la última década. Según expertos, cuando los salarios crecen muy por encima de la productividad, las empresas enfrentan mayores costos que pueden traducirse en precios más altos, menor contratación o mayor informalidad.

Otro punto crítico es el alto nivel de informalidad, que supera la mitad de la fuerza laboral. Para estos trabajadores, el salario mínimo decretado tiene un impacto indirecto o nulo, lo que limita el alcance real de la medida. Además, el salario mínimo en Colombia actúa como referencia para múltiples precios, tarifas y aportes, lo que puede amplificar sus efectos inflacionarios.

Colombia frente al resto de la región

La comparación con otros países latinoamericanos revela un contraste importante. Naciones como Costa Rica, Uruguay y Chile no solo tienen salarios mínimos elevados, sino también salarios promedio más altos, mayor formalidad laboral y economías más diversificadas. En estos países, el salario mínimo es un piso, no el ingreso predominante.

En Colombia, en cambio, el salario mínimo está muy cerca del ingreso promedio, lo que indica una estructura salarial comprimida, con poca movilidad hacia ingresos medios y altos. Este fenómeno refleja debilidades estructurales: baja productividad, escaso valor agregado en muchos sectores y limitada generación de empleo formal de calidad.

¿Un salto sostenible?

El aumento del salario mínimo coloca a Colombia en una posición destacada dentro de América Latina, pero también plantea una pregunta de fondo: ¿puede el país sostener salarios altos sin un crecimiento económico más robusto?

Los expertos coinciden en que el impacto positivo del aumento dependerá de políticas complementarias: estímulos a la productividad, apoyo a las pequeñas y medianas empresas, formalización del empleo y fortalecimiento del aparato productivo. Sin estos elementos, el riesgo es que el incremento salarial se diluya en inflación o se convierta en una barrera para la generación de empleo formal.

Un símbolo y un desafío

El salario mínimo de 2 millones de pesos es, al mismo tiempo, un símbolo político de justicia social y un desafío económico de gran magnitud. Colombia ha dado un salto importante en el ingreso nominal de sus trabajadores, acercándose a los estándares regionales más altos. La verdadera prueba será convertir ese salto en mejores ingresos reales, mayor productividad y crecimiento sostenible, para que el aumento no sea solo una cifra histórica, sino un avance duradero en el desarrollo del país.

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Cultura

¿Censuraron al Youtuber NASA? ¿Un acto de cobardía o de indiferencia con la vida?

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Con la llegada de las redes digitales, muchos jóvenes en el mundo se volcaron a contar sus historias y, como era de esperarse, allí encontramos una amalgama de contenidos diversos: desde lo insulso y grotesco hasta contenidos valiosos que nos permiten redescubrir el mundo desde lo local. Colombia no es la excepción.

Este fenómeno puede atribuirse a varias causas, pero destacaré una de las principales: tanto los gobiernos como los medios de comunicación hegemónicos, comunitarios y alternativos no fueron capaces de leer a tiempo la necesidad de los jóvenes de desarrollar sus propias narrativas en estos nuevos medios. Cerraron espacios a voces que son fundamentales para un territorio y para un país.

Es necesario manifestar que, con el paso del tiempo, existe una distancia cada vez mayor entre quienes manejan los medios comunitarios y las nuevas generaciones. Por cierto, buena parte de la comunidad de los medios comunitarios ha envejecido, tanto en edad como en la manera de comprender y ejercer el oficio. En este contexto, se ha desatado una especie de pequeña guerra silenciosa contra los jóvenes que, con un celular en la mano, han iniciado toda una revolución de mensajes que conectan con audiencias focalizadas y que, en muchos territorios, han logrado una mayor sintonía que emisoras con años de trayectoria.

Aquí quiero detenerme para aclarar que no estoy en contra de los medios tradicionales, ya sean hegemónicos, comunitarios o alternativos. Lo que planteo es la necesidad de reflexionar sobre los nuevos fenómenos de creación de contenidos que se vienen desarrollando en el país.

Uno de los argumentos que esgrimen algunos medios es que estos jóvenes no tienen experiencia para informar o investigar. Sin embargo, también habría que preguntarnos cuánta investigación periodística se realiza realmente hoy en Colombia. Son contados los periodistas que hacen investigación profunda y permanente. Por eso, mi reflexión nos invita a mirarnos el ombligo y preguntarnos si estamos cerrando las puertas a una nueva generación de comunicadores simplemente porque sus formas de narrar son diferentes y lo realizan en las redes social.

Y es precisamente aquí donde quiero detenerme para reflexionar sobre la censura de la que ha sido objeto Edison Yesid Poche, el Youtuber NASA, en una comunidad de Tierra Adentro, en el Cauca.

La primera pregunta que me hago es: ¿por qué se censura a alguien que narra su propio territorio ancestral? La respuesta que salta a la vista es que quizá se considera que pone en peligro la cultura. Pero esta respuesta, lejos de cerrar el debate, abre muchas más preguntas.

Vivimos en un mundo en el que la espontaneidad de las telecomunicaciones nos ha conectado de una manera que antes era inimaginable. Las redes digitales nos han puesto frente a un mundo compartido, donde aquello que ocurre en un territorio puede ser conocido por personas que están a miles de kilómetros de distancia.

Nada está completamente aislado de lo que los seres vivos sentimos, olemos, vemos y experimentamos. Que algunos no queramos mirar determinadas realidades es una decisión personal; pero la tierra que caminamos es, en esencia, la misma tierra que otros seres humanos transitan. Todo está relacionado.

Entonces surge otra pregunta: ¿cuál es el secreto ancestral? No estoy diciendo que no deba existir información confidencial. Por supuesto que debe existir. Lo hacen las empresas, los gobiernos y también las comunidades. La confidencialidad puede ser necesaria para proteger conocimientos, procesos y decisiones.

Lo que no podemos hacer es pretender ocultar completamente una realidad, mucho menos cuando hablamos de comunidades y territorios que durante años han cargado con el peso de la estigmatización y de distintas formas de violencia.

La cultura NASA merece ser redescubierta desde otra mirada: como un territorio de arraigo, de cultura, de cuidado de la tierra y de gente trabajadora; un territorio donde también existen esperanza y vida. Por eso, prohibir o censurar a un creador de contenido que pertenece al territorio, que narra su territorio y que lo hace junto a su propia gente, me parece un despropósito.

Como colombianos, no podemos confundir el ejercicio del poder con la imposición y mucho menos utilizarlo para ocultar un territorio cuya cultura constituye el alma de su gente y cuyo arraigo debe ser preservado.

La comunicación propia y apropiada debe abrirse camino hacia una comunicación regenerativa, una comunicación capaz de reconstruir vínculos, de reconocer al otro y de permitir que las comunidades cuenten sus propias historias.Necesitamos dejar de mirarnos como enemigos y comenzar a reconocernos como parte de una misma trama de vida.

Tal vez el verdadero desafío no sea decidir quién tiene derecho a contar un territorio, sino preguntarnos cómo podemos contar nuestros territorios sin destruirlos, sin estigmatizarlos y sin silenciar a quienes nacieron, crecieron y viven en ellos.

La comunicación regenerativa nos plantea precisamente ese reto: restablecer el vínculo con la vida, armonizarnos con lo que somos y comprender para qué estamos en este maravilloso universo natural que habitamos.

Artículo de opinión escrito Héctor Tocarema, director de Vía3Tv

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Cultura

Bicentenario de la Reforma Educativa de 1826: la educación como camino para construir una Colombia que cuide la vida

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Bogotá, julio de 2026. Este año Colombia conmemora el bicentenario del Plan General de Estudios de 1826, la primera gran reforma educativa impulsada por el gobierno de Francisco de Paula Santander, una iniciativa que sentó las bases de la educación pública republicana y consolidó una visión de país sustentada en el conocimiento, la ciencia y la formación ciudadana.

Su legado se puede resumir en tres principios: la educación como derecho y función del Estado, la formación científica como motor del progreso y la preparación de ciudadanos para la vida democrática y el servicio público.

Doscientos años después, esta fecha representa mucho más que un aniversario. Constituye una oportunidad para reflexionar sobre el papel que la educación ha desempeñado en la construcción de la nación y sobre los retos que aún enfrenta Colombia para superar las profundas desigualdades sociales, la violencia, la exclusión y las brechas que persisten entre el campo y la ciudad.

Cuando en 1826 se promulgó el Plan General de Estudios, el país apenas comenzaba a consolidarse como República. La mayoría de la población era analfabeta, existían muy pocas escuelas, la educación dependía principalmente de comunidades religiosas y el Estado necesitaba formar maestros, médicos, abogados, ingenieros, científicos y servidores públicos capaces de orientar el destino de la nueva nación.

Frente a ese panorama, Santander comprendió que la independencia alcanzada en los campos de batalla solo tendría sentido si estaba acompañada por una revolución del conocimiento. La educación debía convertirse en el instrumento para garantizar la libertad, fortalecer la democracia y construir ciudadanía.

La reforma de 1826 organizó por primera vez la educación primaria, secundaria y superior bajo la responsabilidad del Estado; impulsó la apertura de escuelas en las provincias; promovió la formación de maestros mediante nuevos métodos pedagógicos; fortaleció las universidades; incorporó las ciencias naturales, las matemáticas, la medicina, la ingeniería y el derecho como pilares del desarrollo nacional, y fomentó la investigación científica y el estudio de la riqueza natural del territorio colombiano.

Aquella visión transformó la educación en un derecho público y en un compromiso permanente con el futuro del país.

Dos siglos después, Colombia continúa enfrentando desafíos que exigen recuperar el espíritu transformador de aquella reforma. Persisten brechas educativas entre regiones, un gran porcentaje de estudiantes encuentran dificultades para acceder a oportunidades de calidad, muchas comunidades rurales siguen enfrentando limitaciones en conectividad, infraestructura y acceso al conocimiento, mientras la violencia continúa afectando territorios donde la escuela representa, muchas veces, el único espacio de esperanza.

Hoy resulta indispensable comprender que la educación no consiste únicamente en transmitir información. Educar significa formar ciudadanos capaces de convivir en la diferencia, resolver los conflictos mediante el diálogo, proteger la democracia, respetar la diversidad cultural, fortalecer la participación comunitaria y asumir el cuidado de la naturaleza como un compromiso ético con las generaciones presentes y futuras.

En una sociedad que durante décadas ha sufrido las consecuencias del conflicto armado, la desigualdad y la fragmentación social, la educación debe consolidarse como el principal escenario para construir confianza, reconciliación y paz. Cada aula puede convertirse en un espacio donde se aprenda a escuchar, a reconocer al otro, a valorar el conocimiento ancestral y científico, a desarrollar pensamiento crítico y a comprender que la vida, en todas sus manifestaciones, constituye el patrimonio más valioso de la nación.

La educación del siglo XXI también demanda integrar la ciencia, la tecnología, las artes, la comunicación, la innovación social y la protección de los ecosistemas. No habrá desarrollo sostenible si el conocimiento no está orientado a cuidar el agua, los bosques, la biodiversidad, los territorios y las comunidades que los habitan.

Por ello, este bicentenario representa un llamado nacional para fortalecer la educación pública, dignificar la labor de los docentes, impulsar la investigación científica, cerrar las brechas digitales, garantizar oportunidades para la juventud y promover modelos educativos que integren el conocimiento académico con los saberes comunitarios, campesinos, indígenas, afrodescendientes y populares.

Colombia necesita una educación que no solo prepare para el empleo, sino también para la convivencia, la solidaridad, la creatividad, la participación democrática y el cuidado de la vida.

Hace doscientos años, Santander entendió que ninguna nación puede sostener su libertad sin ciudadanos educados. Esa convicción mantiene hoy plena vigencia.

El mejor homenaje al Plan General de Estudios de 1826 no consiste únicamente en recordar su legado histórico. El verdadero homenaje será convertir la educación en el gran acuerdo nacional que permita superar definitivamente el atraso, cerrar las heridas de la violencia y proyectar una Colombia reconciliada consigo misma, orgullosa de su diversidad y comprometida con el cuidado de la vida en todas sus expresiones: la vida humana, la vida de los territorios, la vida de la naturaleza y la vida de las futuras generaciones.

Porque un país que educa es un país que protege la vida, fortalece la democracia y construye paz.

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Eventos

Comunicar sin violencias: una tarea que también se aprende,se cuida y se sostiene desde la academia

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Por: Paola Andrea Noreña Gil, Decana de la Facultad de Comunicación
Universidad Santo Tomás

Hay encuentros que no se agotan en la agenda que los convoca. Espacios que, más allá de reunir personas alrededor de una mesa, permiten reconocer la urgencia de volver sobre preguntas que atraviesan profundamente nuestro oficio: ¿cómo estamos narrando?, ¿a quiénes estamos escuchando?, ¿qué violencias seguimos reproduciendo cuando informamos, enseñamos, investigamos o tomamos decisiones?, ¿qué lugar ocupa la comunicación cuando se trata de cuidar la vida, la dignidad y la palabra de las mujeres?

Desde estas preguntas participé en el segundo desayuno “Salas de redacción: comunicación con enfoque de género, periodismo sin violencias”, convocado por la Red Colombiana de Periodistas con Visión de Género, de la cual hago parte como miembro activa. Fue un espacio de diálogo entre medios de comunicación, universidades, organizaciones de la sociedad civil, cooperación y entidades del Estado, orientado a seguir dando vida al Acuerdo colectivo por una comunicación y periodismo libres de violencias contra las mujeres.

Lo valioso de la jornada estuvo, justamente, en no quedarse únicamente en la constatación de un problema que ya conocemos; las violencias contra mujeres periodistas, comunicadoras y estudiantes no son episodios aislados ni asuntos que puedan resolverse desde gestos individuales de buena voluntad, son expresiones de culturas organizacionales, prácticas profesionales, relaciones de poder y silencios institucionales que requieren ser nombrados, comprendidos y transformados.

Por eso, el encuentro propuso un ejercicio necesario: pasar de la conversación al compromiso y del compromiso a la acción. En mi participación como Decana de la Facultad de Comunicación de la Universidad Santo Tomás, acompañé uno de los momentos metodológicos de la jornada, orientado a reconocer las percepciones de las organizaciones participantes frente a tres asuntos centrales: el nivel de avance en acciones relacionadas con comunicación con enfoque de género, la relevancia del tema y la posibilidad real de aportar con planes de trabajo concretos.

Los resultados dejaron una lectura importante. Existe una alta conciencia sobre la urgencia de este tema y una disposición significativa para actuar; sin embargo, los avances institucionales todavía requieren mayor sistematicidad, continuidad y seguimiento. Esta distancia entre lo que reconocemos como necesario y lo que logramos sostener en la práctica nos interpela directamente, y a su vez nos recuerda que no basta con declarar compromisos: es preciso construir rutas, cuidar procesos, abrir conversaciones difíciles y generar condiciones para que la transformación no dependa solo de voluntades individuales.

El trabajo por mesas permitió ampliar esa lectura y las personas participantes propusieron acciones relacionadas con formación, sensibilización, protocolos, investigación, veeduría, producción de datos, comunicación pública y alianzas intersectoriales. Surgieron ideas orientadas a crear grupos de intercambio de experiencias e investigaciones, fortalecer rutas de atención, socializar protocolos, producir narrativas multiformato, visibilizar mujeres como fuentes expertas y consolidar mecanismos de seguimiento que permitan que lo acordado no trascienda después del encuentro.

Desde la Facultad de Comunicación, este diálogo tiene una resonancia particular, bien sabemos que formar comunicadoras y comunicadores implica mucho más que enseñar técnicas, lenguajes, formatos o plataformas, supone acompañar la construcción de una mirada ética sobre el mundo desde un anclaje humanista; una mirada capaz de reconocer que toda práctica comunicativa produce sentidos, distribuye visibilidad, legitima voces pero también puede reproducir daños; por eso, hablar de enfoque de género en la comunicación no es añadir un tema a la agenda formativa: es preguntarnos por el corazón mismo del oficio.

Comunicar con enfoque de género exige revisar las palabras, las fuentes, los silencios, las imágenes y las decisiones editoriales. Exige preguntarnos por las mujeres que han sido convertidas en cifra, en caso, en titular o en relato fugaz, y también por aquellas cuyas voces no han encontrado lugar suficiente en las agendas públicas; demanda reconocer que la comunicación y el periodismo pueden contribuir a la reparación simbólica, al cuidado de la memoria y a la construcción de entornos más dignos, pero también pueden profundizar estigmas, revictimizar o naturalizar las violencias.

En ese sentido, la participación de la Universidad Santo Tomás en esta jornada reafirma una convicción que atraviesa nuestro proyecto académico: la comunicación tiene una dimensión profundamente humanista. No se trata solo de informar mejor, sino de comprender mejor las vidas que son narradas, los territorios desde donde se habla, las desigualdades que configuran la experiencia social y las responsabilidades que asumimos cuando formamos a quienes mañana estarán en las salas de redacción, en las organizaciones, en las comunidades, en los medios públicos, privados, alternativos o digitales.

El desayuno dejó una certeza compartida: un periodismo sin violencias no se decreta; se construye. Se construye en las aulas, en los manuales de estilo, en los protocolos, en las decisiones editoriales, en las fuentes que buscamos, en las preguntas que formulamos, en las rutas de atención que activamos, en las investigaciones que impulsamos y en las alianzas que somos capaces de sostener.

Por eso, más que cerrar una jornada, este encuentro abrió una responsabilidad, la de seguir tejiendo, desde la academia y junto con otros sectores, condiciones para que la comunicación sea un lugar de reconocimiento y no de daño; un espacio donde la palabra de las mujeres no sea silenciada, instrumentalizada o violentada, sino escuchada en su dignidad, en su fuerza y en su potencia transformadora.

La Facultad de Comunicación de la Universidad Santo Tomás seguirá acompañando estos procesos, convencidas y convencidos de que comunicar con enfoque de género no es una tarea marginal ni una consigna coyuntural, es una forma de asumir el oficio, de formar nuevas generaciones y de participar en la construcción de un país que necesita narrarse sin reproducir las violencias que todavía lo atraviesan.

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