Por Yesid Poche Chacué – Comunidad Nasa

Hablar de transición energética no puede reducirse únicamente a paneles solares, mercados de carbono o megaproyectos “verdes”. Para muchos pueblos originarios del mundo, la discusión no es solamente tecnológica o económica; es una conversación sobre la continuidad de la vida, la defensa de los territorios y la relación espiritual con la naturaleza.

Durante la 1.ª Conferencia Internacional para la Transición Energética Más Allá de los Combustibles Fósiles, los pueblos indígenas llegamos con una palabra distinta. No asistimos únicamente para escuchar diagnósticos o participar simbólicamente en los espacios institucionales. Llegamos para recordar que los territorios ya han sostenido formas de vida y cuidado mucho antes de que la crisis climática se convirtiera en una preocupación global.

El posicionamiento colectivo presentado por los pueblos indígenas durante la conferencia fue “La Transición Justa y la eliminación progresiva de los combustibles fósiles deben construirse con nosotros o no serán justas”. Esta afirmación no solo representa una exigencia política, sino también una advertencia frente a los riesgos de repetir modelos extractivos bajo nuevos discursos ambientales.

En muchos escenarios internacionales se habla de transición energética como si fuera un concepto nuevo. Sin embargo, los pueblos indígenas hemos practicado históricamente formas de equilibrio con la naturaleza basadas en el cuidado del agua, la protección de las semillas, el respeto por los ciclos de la tierra y la vida comunitaria. Desde esa mirada, la transición no comienza con nuevas tecnologías, sino con la recuperación de relaciones más justas entre los seres humanos y el territorio.

Las comunidades indígenas han defendido sus cosmovisiones durante siglos, muchas veces enfrentando violencia, despojo y modelos extractivos impuestos sobre sus territorios. Esa experiencia histórica deja una enseñanza fundamental: no puede existir una transición justa si se repiten las mismas lógicas de explotación bajo nuevos discursos “verdes”.

El documento político de los pueblos indígenas presentado en la conferencia señala que “la transición no se debe convertir en una nueva forma de extractivismo colonial que perpetúe modelos que explotan nuestros territorios”. Esta reflexión cuestiona directamente la idea de reemplazar combustibles fósiles por nuevas economías mineras que continúan afectando territorios indígenas y ecosistemas estratégicos.

Volver al origen no significa regresar al pasado de manera romántica. Significa reconocer que existen conocimientos, prácticas y formas de organización comunitaria que continúan siendo vigentes para enfrentar la crisis climática.

En el caso del pueblo Nasa, en Colombia, uno de esos espacios es el fogón, la tulpa o el Ipx Kwet. Allí se orienta la palabra colectiva, se fortalecen los vínculos familiares y comunitarios y se toman decisiones para el cuidado del territorio. El fogón no representa únicamente un espacio físico; es un escenario político, espiritual y cultural desde donde se construye comunidad.

Como lo expresan los pueblos indígenas en el documento final de la conferencia, “para nosotros, el territorio no es un recurso, sino la base de la vida, la cultura, la gobernanza y la espiritualidad”. Pensar una transición energética desde los pueblos implica reconocer estos espacios de vida como fundamentales. Sin territorio libre, autonomía y gobierno propio, cualquier propuesta de transición corre el riesgo de convertirse en una nueva forma de despojo.

El riesgo de una transición extractiva con otro nombre

Uno de los debates más importantes que surgió durante la conferencia estuvo relacionado con las contradicciones de algunos modelos de transición energética promovidos a nivel global. Aunque muchas iniciativas buscan reducir la dependencia de los combustibles fósiles, también existe el riesgo de profundizar nuevas formas de extractivismo asociadas a minerales estratégicos como el litio, el cobre o el níquel.

Diversas organizaciones y comunidades han advertido que la llamada “economía verde” podría reproducir desigualdades históricas si no garantiza derechos territoriales, consulta previa y participación real de las comunidades afectadas.

En ese contexto, las voces indígenas insistieron en una pregunta fundamental: ¿transición para quién y a costa de quién?

La preocupación no es menor. En distintos países de América Latina, África y Asia, proyectos relacionados con energías renovables o minería para tecnologías limpias han generado conflictos territoriales, desplazamientos y afectaciones ambientales. Por ello, los pueblos originarios reclaman que la transición energética no sea únicamente una sustitución de recursos, sino una transformación profunda de las relaciones políticas y económicas que históricamente han puesto el lucro por encima de la vida.

El documento también rechaza las llamadas “falsas soluciones climáticas”, afirmando que tecnologías como la geoingeniería o la energía nuclear “no abordan las causas estructurales de la crisis climática y permiten prácticas de lavado verde”. Además, insiste en que la transición debe centrarse en “dejar los combustibles fósiles en el subsuelo”, en lugar de depender de mecanismos de mercado que mercantilizan la naturaleza.

La comunicación propia en los espacios globales

Otro aspecto clave de la conferencia fue la necesidad de fortalecer las narrativas propias en escenarios internacionales. Durante muchos años, los pueblos indígenas han sido representados por voces externas, reducidos a discursos folclóricos o convertidos en símbolos culturales sin incidencia real en la toma de decisiones.

La comunicación propia surge precisamente como una herramienta para disputar esas representaciones y posicionar otras formas de comprender el territorio y la crisis climática.

No se trata solamente de “dar visibilidad”. Se trata de construir espacios donde las comunidades puedan hablar desde su experiencia, su memoria y sus formas de entender el mundo. La palabra propia permite nombrar problemáticas que muchas veces no aparecen en los informes técnicos ni en los discursos institucionales.

Desde la comunicación indígena, la transición energética también se narra desde las afectaciones concretas que viven las comunidades: la contaminación de los ríos, el avance de proyectos extractivos, la militarización de los territorios y las amenazas contra lideresas y líderes ambientales.

Pero también se comunica desde la esperanza, la resistencia y la construcción de alternativas comunitarias.

Los pueblos indígenas han sido claros al exigir que su participación no sea simbólica. El documento presentado durante la conferencia sostiene que la participación debe garantizarse “con voz y voto” y con mecanismos reales de incidencia en la toma de decisiones. Esto implica reconocer a los pueblos indígenas no como beneficiarios pasivos de políticas climáticas, sino como actores políticos con propuestas concretas frente a la crisis global.

En muchos encuentros internacionales, la presencia indígena continúa siendo vista como un elemento simbólico o decorativo. Las comunidades son invitadas para abrir ceremonias, compartir expresiones culturales o hablar brevemente sobre espiritualidad, mientras las decisiones centrales permanecen concentradas en gobiernos, empresas y organismos internacionales.

Frente a ello, los pueblos originarios han sido claros: no queremos ser únicamente el “toque cultural” de las cumbres climáticas. Queremos participar en la construcción de políticas, en la toma de decisiones y en la definición de los modelos energéticos que impactan directamente nuestros territorios. La justicia climática no puede construirse sin la participación efectiva de quienes históricamente han protegido la biodiversidad y los ecosistemas.

Los pueblos indígenas no son actores del futuro; son actores del presente. Su experiencia en el cuidado del territorio representa una contribución concreta frente a la crisis ambiental global.

Una transición construida desde abajo

La conferencia dejó una reflexión importante: una transición energética verdaderamente justa solo será posible si nace desde abajo, desde las comunidades, desde las asambleas y desde las formas propias de organización de los pueblos.

Las soluciones no pueden imponerse de manera vertical ni responder únicamente a intereses económicos globales. Deben construirse escuchando a quienes habitan y defienden los territorios.

En medio de la crisis climática, las comunidades indígenas continúan cuidando el agua, las semillas, los bosques y la vida colectiva. Lo hacen no como una estrategia de mercado, sino como parte de una relación histórica y espiritual con la tierra.

Como concluye el posicionamiento de los pueblos indígenas, la transición debe construirse “siempre poniendo la vida en el centro”. Esa visión representa una apuesta ética y política frente a un modelo económico que históricamente ha priorizado la acumulación sobre el cuidado de la vida.

Porque sin territorio, sin agua y sin palabra, no habrá transición posible.

Sobre el autor

Edinson Yesid Poche Chacue es comunicador indígena del pueblo Nasa, estudiante de Comunicación Social y creador de contenidos audiovisuales comunitarios. Su trabajo se enfoca en comunicación propia, memoria territorial, juventudes indígenas y defensa cultural desde los territorios del Cauca, Colombia. Red Nacional Contadores de Historias – Territorio vivo.

“Las opiniones expresadas en este artículo no reflejan necesariamente la posición de la Fundación Heinrich Böll Stiftung – Oficina Bogotá, Colombia”.

Con la llegada de las redes digitales, muchos jóvenes en el mundo se volcaron a contar sus historias y, como era de esperarse, allí encontramos una amalgama de contenidos diversos: desde lo insulso y grotesco hasta contenidos valiosos que nos permiten redescubrir el mundo desde lo local. Colombia no es la excepción.

Este fenómeno puede atribuirse a varias causas, pero destacaré una de las principales: tanto los gobiernos como los medios de comunicación hegemónicos, comunitarios y alternativos no fueron capaces de leer a tiempo la necesidad de los jóvenes de desarrollar sus propias narrativas en estos nuevos medios. Cerraron espacios a voces que son fundamentales para un territorio y para un país.

Es necesario manifestar que, con el paso del tiempo, existe una distancia cada vez mayor entre quienes manejan los medios comunitarios y las nuevas generaciones. Por cierto, buena parte de la comunidad de los medios comunitarios ha envejecido, tanto en edad como en la manera de comprender y ejercer el oficio. En este contexto, se ha desatado una especie de pequeña guerra silenciosa contra los jóvenes que, con un celular en la mano, han iniciado toda una revolución de mensajes que conectan con audiencias focalizadas y que, en muchos territorios, han logrado una mayor sintonía que emisoras con años de trayectoria.

Aquí quiero detenerme para aclarar que no estoy en contra de los medios tradicionales, ya sean hegemónicos, comunitarios o alternativos. Lo que planteo es la necesidad de reflexionar sobre los nuevos fenómenos de creación de contenidos que se vienen desarrollando en el país.

Uno de los argumentos que esgrimen algunos medios es que estos jóvenes no tienen experiencia para informar o investigar. Sin embargo, también habría que preguntarnos cuánta investigación periodística se realiza realmente hoy en Colombia. Son contados los periodistas que hacen investigación profunda y permanente. Por eso, mi reflexión nos invita a mirarnos el ombligo y preguntarnos si estamos cerrando las puertas a una nueva generación de comunicadores simplemente porque sus formas de narrar son diferentes y lo realizan en las redes social.

Y es precisamente aquí donde quiero detenerme para reflexionar sobre la censura de la que ha sido objeto Edison Yesid Poche, el Youtuber NASA, en una comunidad de Tierra Adentro, en el Cauca.

La primera pregunta que me hago es: ¿por qué se censura a alguien que narra su propio territorio ancestral? La respuesta que salta a la vista es que quizá se considera que pone en peligro la cultura. Pero esta respuesta, lejos de cerrar el debate, abre muchas más preguntas.

Vivimos en un mundo en el que la espontaneidad de las telecomunicaciones nos ha conectado de una manera que antes era inimaginable. Las redes digitales nos han puesto frente a un mundo compartido, donde aquello que ocurre en un territorio puede ser conocido por personas que están a miles de kilómetros de distancia.

Nada está completamente aislado de lo que los seres vivos sentimos, olemos, vemos y experimentamos. Que algunos no queramos mirar determinadas realidades es una decisión personal; pero la tierra que caminamos es, en esencia, la misma tierra que otros seres humanos transitan. Todo está relacionado.

Entonces surge otra pregunta: ¿cuál es el secreto ancestral? No estoy diciendo que no deba existir información confidencial. Por supuesto que debe existir. Lo hacen las empresas, los gobiernos y también las comunidades. La confidencialidad puede ser necesaria para proteger conocimientos, procesos y decisiones.

Lo que no podemos hacer es pretender ocultar completamente una realidad, mucho menos cuando hablamos de comunidades y territorios que durante años han cargado con el peso de la estigmatización y de distintas formas de violencia.

La cultura NASA merece ser redescubierta desde otra mirada: como un territorio de arraigo, de cultura, de cuidado de la tierra y de gente trabajadora; un territorio donde también existen esperanza y vida. Por eso, prohibir o censurar a un creador de contenido que pertenece al territorio, que narra su territorio y que lo hace junto a su propia gente, me parece un despropósito.

Como colombianos, no podemos confundir el ejercicio del poder con la imposición y mucho menos utilizarlo para ocultar un territorio cuya cultura constituye el alma de su gente y cuyo arraigo debe ser preservado.

La comunicación propia y apropiada debe abrirse camino hacia una comunicación regenerativa, una comunicación capaz de reconstruir vínculos, de reconocer al otro y de permitir que las comunidades cuenten sus propias historias.Necesitamos dejar de mirarnos como enemigos y comenzar a reconocernos como parte de una misma trama de vida.

Tal vez el verdadero desafío no sea decidir quién tiene derecho a contar un territorio, sino preguntarnos cómo podemos contar nuestros territorios sin destruirlos, sin estigmatizarlos y sin silenciar a quienes nacieron, crecieron y viven en ellos.

La comunicación regenerativa nos plantea precisamente ese reto: restablecer el vínculo con la vida, armonizarnos con lo que somos y comprender para qué estamos en este maravilloso universo natural que habitamos.

Artículo de opinión escrito Héctor Tocarema, director de Vía3Tv

Bogotá, julio de 2026. Este año Colombia conmemora el bicentenario del Plan General de Estudios de 1826, la primera gran reforma educativa impulsada por el gobierno de Francisco de Paula Santander, una iniciativa que sentó las bases de la educación pública republicana y consolidó una visión de país sustentada en el conocimiento, la ciencia y la formación ciudadana.

Su legado se puede resumir en tres principios: la educación como derecho y función del Estado, la formación científica como motor del progreso y la preparación de ciudadanos para la vida democrática y el servicio público.

Doscientos años después, esta fecha representa mucho más que un aniversario. Constituye una oportunidad para reflexionar sobre el papel que la educación ha desempeñado en la construcción de la nación y sobre los retos que aún enfrenta Colombia para superar las profundas desigualdades sociales, la violencia, la exclusión y las brechas que persisten entre el campo y la ciudad.

Cuando en 1826 se promulgó el Plan General de Estudios, el país apenas comenzaba a consolidarse como República. La mayoría de la población era analfabeta, existían muy pocas escuelas, la educación dependía principalmente de comunidades religiosas y el Estado necesitaba formar maestros, médicos, abogados, ingenieros, científicos y servidores públicos capaces de orientar el destino de la nueva nación.

Frente a ese panorama, Santander comprendió que la independencia alcanzada en los campos de batalla solo tendría sentido si estaba acompañada por una revolución del conocimiento. La educación debía convertirse en el instrumento para garantizar la libertad, fortalecer la democracia y construir ciudadanía.

La reforma de 1826 organizó por primera vez la educación primaria, secundaria y superior bajo la responsabilidad del Estado; impulsó la apertura de escuelas en las provincias; promovió la formación de maestros mediante nuevos métodos pedagógicos; fortaleció las universidades; incorporó las ciencias naturales, las matemáticas, la medicina, la ingeniería y el derecho como pilares del desarrollo nacional, y fomentó la investigación científica y el estudio de la riqueza natural del territorio colombiano.

Aquella visión transformó la educación en un derecho público y en un compromiso permanente con el futuro del país.

Dos siglos después, Colombia continúa enfrentando desafíos que exigen recuperar el espíritu transformador de aquella reforma. Persisten brechas educativas entre regiones, un gran porcentaje de estudiantes encuentran dificultades para acceder a oportunidades de calidad, muchas comunidades rurales siguen enfrentando limitaciones en conectividad, infraestructura y acceso al conocimiento, mientras la violencia continúa afectando territorios donde la escuela representa, muchas veces, el único espacio de esperanza.

Hoy resulta indispensable comprender que la educación no consiste únicamente en transmitir información. Educar significa formar ciudadanos capaces de convivir en la diferencia, resolver los conflictos mediante el diálogo, proteger la democracia, respetar la diversidad cultural, fortalecer la participación comunitaria y asumir el cuidado de la naturaleza como un compromiso ético con las generaciones presentes y futuras.

En una sociedad que durante décadas ha sufrido las consecuencias del conflicto armado, la desigualdad y la fragmentación social, la educación debe consolidarse como el principal escenario para construir confianza, reconciliación y paz. Cada aula puede convertirse en un espacio donde se aprenda a escuchar, a reconocer al otro, a valorar el conocimiento ancestral y científico, a desarrollar pensamiento crítico y a comprender que la vida, en todas sus manifestaciones, constituye el patrimonio más valioso de la nación.

La educación del siglo XXI también demanda integrar la ciencia, la tecnología, las artes, la comunicación, la innovación social y la protección de los ecosistemas. No habrá desarrollo sostenible si el conocimiento no está orientado a cuidar el agua, los bosques, la biodiversidad, los territorios y las comunidades que los habitan.

Por ello, este bicentenario representa un llamado nacional para fortalecer la educación pública, dignificar la labor de los docentes, impulsar la investigación científica, cerrar las brechas digitales, garantizar oportunidades para la juventud y promover modelos educativos que integren el conocimiento académico con los saberes comunitarios, campesinos, indígenas, afrodescendientes y populares.

Colombia necesita una educación que no solo prepare para el empleo, sino también para la convivencia, la solidaridad, la creatividad, la participación democrática y el cuidado de la vida.

Hace doscientos años, Santander entendió que ninguna nación puede sostener su libertad sin ciudadanos educados. Esa convicción mantiene hoy plena vigencia.

El mejor homenaje al Plan General de Estudios de 1826 no consiste únicamente en recordar su legado histórico. El verdadero homenaje será convertir la educación en el gran acuerdo nacional que permita superar definitivamente el atraso, cerrar las heridas de la violencia y proyectar una Colombia reconciliada consigo misma, orgullosa de su diversidad y comprometida con el cuidado de la vida en todas sus expresiones: la vida humana, la vida de los territorios, la vida de la naturaleza y la vida de las futuras generaciones.

Porque un país que educa es un país que protege la vida, fortalece la democracia y construye paz.