Fin de la prima especial a congresistas: un paso hacia la austeridad y la equidad

La expedición del Decreto 0030 de 2026 marca un punto de quiebre en la historia reciente del Estado colombiano. No se trata de una medida menor ni de un simple ajuste administrativo: es una decisión política y ética que enfrenta, por primera vez de manera directa, uno de los símbolos más persistentes de la desigualdad institucional: los privilegios salariales del alto poder político.

Durante más de una década, el Decreto 2170 de 2013 permitió que los congresistas recibieran una prima especial de servicios, conocida en la práctica como una prima técnica, que elevó sustancialmente sus ingresos, aun cuando ya se encontraban entre los funcionarios mejor remunerados del país. El Gobierno del presidente Gustavo Petro, al derogar ese decreto, envía un mensaje claro: la austeridad empieza por quienes gobiernan.

El ahorro no es simbólico: es real

La prima eliminada ascendía a $7.898.445 mensuales por congresista.
Con 296 congresistas y un periodo legislativo de 48 meses, el ahorro estimado para el Estado es de: ≈ $112.200 millones de pesos en el cuatrienio 2026–2030

Y esta cifra es conservadora. No incluye los reajustes inflacionarios ni los impactos indirectos que esa prima tenía sobre otras prestaciones. En un país donde los recursos públicos son escasos y las necesidades sociales enormes, este monto sí importa.

¿Quiénes se opusieron siempre?

La resistencia a eliminar esta prima no fue ciudadana, ni técnica.
Provino, principalmente, de: Sectores del Congreso tradicional, que defendieron el beneficio como si fuera un derecho adquirido. Voces jurídicas y políticas acostumbradas a justificar un régimen salarial excepcional para la élite estatal.

Partidos y bancadas que han sostenido históricamente el statu quo y se oponen a cualquier reforma que toque sus privilegios.

El decreto desmonta uno de sus principales argumentos: la Constitución no consagra beneficios absolutos, y la Corte Constitucional ha sido clara en que la prohibición de desmejorar derechos no impide ajustes legítimos, especialmente cuando se trata de altos ingresos.

Este tipo de decisiones son fundamentales por al menos cuatro razones:

Recuperan la legitimidad del Estado: Un Estado que exige sacrificios a la ciudadanía no puede blindar los privilegios de quienes legislan.

Refuerzan la equidad institucional: No es coherente hablar de salario mínimo vital, justicia social o cierre de brechas mientras se mantienen primas especiales en la cúspide del poder.

Ordenan el gasto público: La sostenibilidad fiscal no se logra recortando derechos sociales, sino corrigiendo excesos.

Marcan un precedente: Este decreto abre la puerta a una discusión más amplia sobre la ética del ingreso público y el uso responsable de los recursos del Estado.

¿Quiénes son los verdaderos beneficiados?

Los beneficiados no son abstractos:

• La ciudadanía, que ve un Estado más coherente y menos capturado por privilegios.
• Los sectores populares, que reclaman que el ajuste no recaiga siempre sobre los mismos.
• La democracia, que se fortalece cuando el poder político deja de legislar para sí mismo.
• Las futuras generaciones, que heredarán un Estado más responsable y menos desigual.

Quitar la prima técnica a los congresistas no es populismo ni revancha: es justicia administrativa, es coherencia ética, y es un paso necesario para construir un país donde el ejemplo empiece desde arriba y donde gobernar no sea sinónimo de privilegio, sino de responsabilidad.

Porque un Estado justo no se proclama: se demuestra, peso a peso.